Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Instituciones dedicadas a pacientes con discapacidad, profesionales y todo trabajador en torno al sector llevarán a cabo un paro el próximo viernes en Rosario y todo el país para exigir el pleno funcionamiento de la ley de emergencia en discapacidad y la deuda por las prestaciones ofrecidas. La medida de fuerza se completa la próxima semana con otro corte de actividades por 48 horas.

Ningún empresario o trabajador sabe qué hacer en el sector de Discapacidad. La situación que atraviesan es más que crítica. Las instituciones están cerrando sus puertas y los profesionales están buscando otras alternativas para subsistir mientras exigen el cumplimiento de la ley en emergencia en discapacidad y la ley 24.901. Es que además de tener aranceles atrasados a diciembre de 2023 en un 40%, todo el sector sufre el corte de la cadena de pagos de Pami, del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación y obras sociales nacionales privadas, que en algunos casos llega hasta octubre de 2025.

El Foro Permanente de Discapacidad presentó la medida y advirtió: “La falta de pagos en tiempo y forma impide el normal funcionamiento de los servicios, ya que muchas instituciones no pueden afrontar obligaciones básicas como el pago de sueldos, servicios, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener las prestaciones”.

Paro por tres días en Rosario y el país

La medida es inédita. Nunca los profesionales e instituciones realizaron un “cese de actividades involuntario”, como lo definió ante La Capital Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) de Rosario. Sólo en la ciudad, hay 5 mil profesionales y decenas de instituciones que, en algunos casos, atienden a unos 150 pacientes.

Para contextualizar, los pacientes no recibirán atención en los centros de día o espacios terapéuticos, se suspenderán todas la agendas y los profesionales no atenderán en sus consultorios o a domicilio. Sólo se mantendrán las actividades esenciales para la salud de las personas con discapacidad.

La iniciativa fue planteada en la última reunión de asociaciones a nivel nacional por “los que cerraron, los que están por cerrar y los que luchan por mantenerse”, aseguró Chapero sobre una medida que pone a las instituciones del sector entre la espada y la pared.

“Si cierro no tengo para pagar indemnizaciones, si sigo no tengo para pagar salarios”. Esta encerrona se repite en cada encuentro del Foro Permanente de Discapacidad, que integra Apridis con instituciones de todo el país. En el último encuentro una institución avisó que en abril cierra y otra de Rosario expuso que no sabe cómo hará para abonar los salarios del próximo mes. “El paro es para mostrar que es inminente el cierre de todos los sectores en discapacidad”, manifestó Chapero.

Aranceles atrasados en Discapacidad

La presidenta de Apridis remarcó que los aranceles están atrasados y que se necesita un 40% de actualización para lograr alcanzar el poder adquisitivo a diciembre de 2023. El último aumento para instituciones y prestadores fue del 5,78% en febrero, “pero no lo podemos cobrar porque nos deben desde octubre”, confió un empresario del sector a La Capital.

Sumado a que la Secretaría de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, abona menos de la mitad del arancel sugerido por los colegios de profesionales. A modo de ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Rosario estipula un arancel mínimo de 36 mil pesos por consulta y el Estado paga menos de 18 mil pesos. A principios de marzo, se dio la continuidad a los Talleres Protegidos de Producción (TPP) del Ministerio de Capital Humano pagándole a sus trabajadores 28 mil pesos por mes para quienes cumplen 4 horas por día durante cinco días a la semana.